Boletín Informativo

Tecnologías de la Información y Comunicación
17 de Diciembre de 2016

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RESOLUCIÓN SOBRE CAPTACIONES AUDIO-VISUALES DEL ACTO MÉDICO


Diciembre 2016. En sesión ordinaria n°2016-14-12 celebrada el 14 de diciembre del 2016, la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, acordó lo siguiente:



RESULTANDO



1.- Mediante oficio DJ-03962-2015 fechado 9 de julio del 2015, suscrito por la licenciada Isabel Martínez Meneses, Jefa de la Área de Gestión Técnica y Asistencia Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social y la licenciada Ileana Badilla Chávez, abogada de esa dependencia, se emite criterio de legalidad, donde concluyen que los profesionales en ciencias médicas deben permitir a los usuarios, grabar en audio y video los actos médicos que se ejecutan en la referida institución, sin que puedan oponerse a tal práctica.



2.- En dicho dictamen de legalidad, la conclusión a que se llega es la siguiente: los profesionales en ciencias médicas contratados por la institución, al ser funcionarios públicos, no pueden alegar violación del derecho de imagen, ya que son excluidos de la protección de ese derecho contenido en el artículo 47 del Código Civil y no pueden alegar violación al secreto profesional, ya que ese derecho es del paciente, de modo que el paciente puede renunciar al mismo, siempre que haya autorización escrita en el expediente para relevar a la institución de su obligación de secreto del acto médico



3.-El referido criterio, a pesar de haber sido avalado por la Dirección Jurídica y la Junta Directiva de la Caja, se mantuvo dentro del ámbito interno de las instancias administrativas de dicha institución sin que tuviera repercusiones relevantes en los servicios médicos que se prestan.



4.-Sin embargo, en los últimos meses, se han presentado situaciones inusuales en las cuales sin que exista una razón suficiente, la imagen de algunos médicos se ha visto expuesta ante la opinión pública, en medios de comunicación colectiva y en redes sociales, exhibiéndose en forma amenazante y en ocasiones en forma de burla, las particularidades del acto médico.



5.-Es de conocimiento de este Colegio, que en algunas áreas de salud y hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social, el pronunciamiento institucional ha provocado que los pacientes estén utilizando la grabación de videos como instrumento de amenaza, rompiendo los principios de confianza y respeto mutuo propios de la relación médico paciente y con ello, se ha creado un ambiente emocionalmente inestable que no propicia servicios médicos de calidad y calidez, tal como lo exige la misma institución.



6.-Existen sendos pronunciamientos de la Asesoría Legal de la Junta de Gobierno y de la Jefatura del Departamento Legal de nuestro colegio, donde se concluye lo siguiente: a) que el dictamen emitido por la Dirección Jurídica de la Caja, no es conforme a lo que establece el ordenamiento jurídico costarricense, ya que parte de una interpretación errónea y desarticulada del artículo 47 del Código Civil y de la Ley General de la Administración Pública, b) que una interpretación integral del artículo 47 del Código Civil que se armonice con los derechos fundamentales de la persona, nos debe llevar a la consideración que, la persona por ser funcionario no queda excluido de la protección a su imagen, y que esta, como parte del derecho a la intimidad solo puede ser reproducida sin su consentimiento, cuando medie un interés público relacionado con el puesto que desempeña, c) que no existe norma alguna a nivel constitucional, legal o reglamentaria que otorgue al paciente el derecho a grabar en audio o video los actos médicos, sea en la práctica privada o institucional pública, d) que la misma Sala Constitucional en el voto 7357-15 ha admitido que por su condición de funcionario público éste no queda excluido de la protección de su derecho a la intimidad, e) que en todo caso, el acto médico está basado en los principios de confianza y respeto mutuo de modo que si esos principios no se garantizan hay una ruptura de la relación médico-paciente.



7.-Que en la esfera internacional, en España el asunto ha sido tratado dentro del ámbito de la protección del derecho a la intimidad y la protección de datos personales. Si bien es cierto el Tribunal Español ha avalado la grabación de videos que haga un patrono al trabajador privado haya razón suficiente de procurarse esa prueba, esto solo se ha admitido, cuando eso soporte una valoración de necesidad y proporcionalidad y siempre que el trabajador sea advertido del uso de ese instrumento. En todo caso, ese principio no se aplica en España a los funcionarios públicos, y así lo ha advertido la Agencia Española de Protección de Datos, ya que se parte de la protección del derecho a la intimidad y a la imagen como un dato personal, cuando con ello se identifique a la persona.



8.-De la misma forma, en el foro internacional de anestesiología se reprocha la grabación de las cesáreas por parte de pacientes, por considerar que se lesiona la intimidad del acto médico y lo convierte en “espectáculo teatral”.



CONSIDERANDO



1.- Que conforme con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos Ley N°3019 de 9 de agosto de 1962, el colegio es un ente público no estatal, que tiene por competencia la regulación y fiscalización para el ejercicio correcto de la medicina y cirugía en todo el territorio nacional, de modo que los actos médicos se apeguen a los principios éticos y científicos propios de la profesión.



2.-Que conforme al artículo 1 de la indicada Ley Orgánica, para el cumplimiento de sus fines el Colegio es una corporación “reconocida, amparada y dotada de especiales poderes y facultades por la presente ley”



3.-Estos poderes han sido reconocidos por la Sala Constitucional desde el voto 1386-1990 donde se califica a los colegios profesionales como “Corporaciones de Derecho Público” y se les atribuyó “como finalidad de velar por la corrección y buen desempeño de las funciones profesionales de los afiliados y corregirlos disciplinariamente cuando lesionen a terceros, por ignorancia, impericia, desidia o conducta inmoral en su desempeño, todo ello en un ejercicio delegado de funciones estatales”



4.-Que conforme al Artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 39609-S del 28 de abril del 2016, que es el Código de Ética Médica, establece que: “El médico que desempeña un cargo en la administración pública, o en cualquier institución debe actuar siempre bajo los principios de respetar la ética profesional y cumplir con lo establecido en este Código, la Ley General de Salud, la Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos y sus Reglamentos. Sus obligaciones con el Estado y con la institución no lo eximen de sus deberes éticos con sus colegas, pacientes y el Colegio de Médicos y Cirujanos.



5.-Que para garantizar la calidad de todo acto médico, este no solo debe venir precedido de condiciones de infraestructura y materiales suficientes, sino de las condiciones anímicas entre médico y paciente, de modo que en ausencia de esas condiciones el médico está autorizado a suspender el acto médico, salvo la atención inmediata de aquellas situaciones de emergencias calificadas que pongan en peligro la vida del paciente. Esta consideración se desprende de las siguientes normas del Código de Ética ya señalado:



“Artículo 15.- En ningún caso, salvo una emergencia calificada, el médico debe ejercer su profesión en condiciones que puedan comprometer la calidad de los cuidados y del acto médico”



“Artículo 16.- En la atención institucional, sea pública o privada, el médico procurará armonizar su ejercicio profesional con las normas de la institución, siempre que éstas no contravengan las disposiciones del presente Código”.



“Artículo 28.- El médico atenderá profesionalmente a su paciente en una relación de confianza y respeto, que garantice la libertad y autonomía de ambos.”



“Artículo 32.- La pérdida de confianza y de respeto entre médico y paciente pone en riesgo la continuidad y la calidad de la atención. En tal caso, el facultativo deberá procurar que otro colega se haga cargo del paciente, para lo cual le transmitirá toda la información necesaria para una correcta atención, dejando constancia escrita del motivo de su separación.”



“Artículo 180.- El médico tiene derecho a abstenerse de ejercer su profesión, en instituciones públicas o privadas en donde las condiciones de ambiente y trabajo no sean las adecuadas para salvaguardar su salud y seguridad y dar un buen servicio”.



“Artículo 184.- El médico tiene derecho a finalizar la relación médico- paciente si: …… b) Hubiera deterioro de la relación con el paciente, que perjudicara la calidad del tratamiento. d) Sus principios éticos no le permiten continuar. El médico que opte por ejercer este derecho, queda obligado a confeccionar la referencia de la atención brindada, para que el paciente se la entregue el médico que continuará con la atención médica. Cuando se está en una situación de emergencia, se actuará conforme al párrafo segundo del artículo anterior.



6.-Que el acto médico, conforme al artículo 28 del Código de Ética, se basa en la relación de confianza mutua entre médico y paciente y una grabación en audio o video desnaturaliza ese acto, cuando se le impone a alguna de las partes. Esa imposición hará que el médico lo sienta como amenaza lo que no permitirá la concentración necesaria para asegurar la calidad del acto médico.



POR TANTO



Por lo tanto, se establece el siguiente pronunciamiento el cual es de acatamiento obligatorio:.



Si durante la ejecución del acto médico, sea en una institución pública o privada, en el ejercicio liberal de la profesión y sin el consentimiento del médico, el paciente pretenda o capte imágenes fotográficas, de video y conversaciones audiovisuales, conforme con los artículos 15, 16, 28, 32, 180 y 184 del Código de Ética, y que de acuerdo con el criterio del médico, esas circunstancias ponen en peligro el principio de confianza en la relación médico-paciente y la calidad del servicio, el médico está autorizado a suspender el acto médico, hasta que la situación distorsionante desaparezca, salvo que haya una situación de emergencia calificada que ponga en riesgo la vida, los órganos o funciones vitales del paciente y que, por lo tanto, requiere de una atención médica inmediata.


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